El pleno del Consejo Regional aprobó derivar diversas denuncias sobre irregularidades administrativas a las comisiones de Educación y de Desarrollo Social. Los consejeros establecieron un plazo de sesenta días para revisar la documentación, solicitar los descargos correspondientes y emitir los informes finales sobre cada uno de los casos presentados.
En la Gerencia Regional de Educación se investigan tres denuncias. Javier Carrión Ojeda reportó presuntos pagos y cobros indebidos en planillas entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Asimismo, Manuel Ruiz Briones denunció la designación irregular de Janeth Roxana Rivera Arias en el área de abastecimiento de la UGEL Pacasmayo.
Además, Ana Honorio Ruiz presentó una denuncia por presunto abuso de autoridad contra un funcionario de la UGEL 3. Por otro lado, en la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, Manuel Ruiz cuestionó la contratación de María Bustamante Merino, alegando que no cumple con el perfil mínimo para el cargo.
Estas investigaciones responden a la exigencia ciudadana de mayor transparencia, meritocracia y control del gasto público. El proceso refleja el rol fiscalizador de los consejeros regionales, quienes buscan asegurar que la gestión administrativa se realice correctamente, evitando el uso indebido de los recursos del Estado en beneficio de terceros.
Finalmente, los resultados podrían derivar en sanciones administrativas o denuncias ante la Contraloría y el Ministerio Público. De confirmarse observaciones graves, estas pesquisas podrían generar una fuerte tensión política e institucional. El Consejo Regional espera concluir el proceso para determinar las responsabilidades legales de los funcionarios involucrados en los casos.
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