La Contraloría General de la República alertó sobre serios problemas de gestión en dos importantes obras de infraestructura en Pacasmayo. Tanto el mejoramiento del Malecón Grau como el Terminal Terrestre de Malabrigo presentan retrasos, deficiencias y falta de mantenimiento que afectan a la población y a los turistas.

El Malecón Grau, valorizado en más de S/ 20 millones, inició en octubre de 2024 con fecha de entrega prevista para noviembre de 2025. Sin embargo, acumuló tres suspensiones y dos ampliaciones de plazo, por lo que ahora su culminación se reprogramó para enero de 2027.

Los principales problemas se deben a interferencias con postes de alumbrado público y redes de telecomunicaciones. Los operadores se niegan a reubicarlos, lo que genera constantes paralizaciones. Además, la Contraloría detectó deficiencias técnico-constructivas que comprometen la resistencia y durabilidad de la obra.

La entidad también criticó la falta de control por parte de la unidad ejecutora. Esta situación impide que los habitantes de Pacasmayo y los visitantes disfruten de un malecón moderno que impulse el turismo en la zona norte.

Por su parte, el Terminal Terrestre de Malabrigo fue culminado con una inversión de S/ 7.5 millones, pero permanece completamente abandonado. La Municipalidad Distrital de Rázuri no ha elaborado el expediente técnico para equiparlo con el mobiliario necesario.

El terminal presenta claros signos de deterioro: portones corroídos, vidrios rotos por vandalismo y robo de rejillas metálicas. Esta situación obliga al transporte público a seguir operando en espacios informales, afectando el orden urbano en Puerto Malabrigo.

Ambos proyectos tenían como objetivo mejorar la infraestructura turística y de transporte en la provincia. Sin embargo, los retrasos y la falta de mantenimiento generan un progresivo deterioro de las obras ya construidas.

La población de Pacasmayo y Puerto Malabrigo continúa esperando los beneficios prometidos. Las alertas de la Contraloría evidencian una deficiente gestión municipal y la falta de coordinación entre entidades públicas y empresas privadas.

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