El funcionario municipal de Pacasmayo, José Antonio Villarreal Rondos, se encuentra en el centro de una polémica por percibir ingresos de dos entidades gubernamentales simultáneamente, generando preocupación sobre la transparencia en la administración pública local de nuestra región.

Según información de la Contraloría General de la República, Villarreal Rondos fue designado como jefe de la Oficina General de Administración del municipio de Pacasmayo el 29 de agosto de 2024 mediante Resolución de Alcaldía N°217-2024-MDP, asumiendo importantes responsabilidades en la gestión municipal.

Paralelamente a su cargo principal, el funcionario firmó un contrato de Locación de Servicios con la Municipalidad del Centro Poblado California el 1 de noviembre de 2024, prestando servicios de asesoramiento contable por un monto de S/ 350 soles mensuales desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de ese año.

La situación se complicó cuando el 2 de enero de 2025, Villarreal Rondos firmó un segundo contrato con la misma entidad municipal, continuando con servicios contables desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo de 2025, nuevamente por S/ 350 soles mensuales.

Durante el periodo de diciembre de 2024 a febrero de 2025, el funcionario percibió ingresos simultáneamente de ambas municipalidades, lo que viola el principio de dedicación exclusiva que deberían tener los empleados públicos en sus cargos según la normativa vigente.

La irregularidad fue finalmente revelada por la Contraloría General de la República el 23 de septiembre de 2025, determinando la existencia de un hecho con indicio de incumplimiento a las normas de administración pública en la provincia de Pacasmayo.

Villarreal Rondos prestaba servicios de apoyo contable específicamente en el área de tesorería y contabilidad en la Municipalidad del Centro Poblado California, lo que generó un conflicto de intereses al mantener dos empleos públicos al mismo tiempo.

La normativa peruana establece claramente que la doble percepción de ingresos está prohibida para funcionarios públicos, salvo existan excepciones explícitamente definidas en la ley, las cuales no parecen aplicarse en este caso específico.

El monto percibido por cada contrato con la Municipalidad del Centro Poblado California fue de S/ 350 soles por periodo, una cifra que aunque modesta individualmente, refleja un problema sistémico de control y supervisión en el manejo de recursos públicos.

La situación afecta directamente la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos en nuestra región, generando desconfianza entre los ciudadanos sobre la integridad de los funcionarios que administran el dinero de todos los pacasmayinos.

Como respuesta a la irregularidad detectada, la Contraloría General de la República ha comunicado la observación al alcalde de Pacasmayo, Ricardo Guanilo, para que adopte las acciones correctivas correspondientes y evite situaciones similares en el futuro.

Se espera que este caso tenga consecuencias disciplinarias para el funcionario involucrado, enviando una señal clara sobre la intolerancia frente a cualquier forma de corrupción o mal uso de los recursos públicos en nuestra localidad.

La revelación por parte de la CGR refuerza el control fiscal sobre las entidades municipales del valle de Jequetepeque, demostrando que la supervisión externa juega un papel fundamental en la protección del patrimonio público.

Este caso nos recuerda la importancia de la ética en la función pública y la necesidad de que todos los servidores públicos mantengan un comportamiento íntegro, dedicado exclusivamente a servir a la comunidad que los ha elegido.

Como ciudadanos del valle de Jequetepeque, debemos exigir transparencia y responsabilidad en la gestión de nuestros recursos, apoyando las acciones de supervisión que contribuyan a un gobierno más honesto y eficiente para todos.

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, como entidad gubernamental clave en nuestra provincia, debe liderar, por ejemplo, en materia de transparencia y buen gobierno, convirtiéndose en un referente de administración pública en la región de La Libertad.

Finalmente, este incidente debe ser una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control interno y externo en todas las entidades municipales del valle, asegurando que los recursos públicos se destinen siempre al bienestar colectivo y no a beneficios personales.

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