El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha iniciado un operativo censal especial en establecimientos penitenciarios como parte de los Censos Nacionales 2025. Este proceso busca recopilar información actualizada sobre la población privada de libertad en todo el país.

En el departamento de La Libertad, el operativo comenzó el pasado 22 de setiembre, con un enfoque meticuloso en la cobertura de todos los centros penitenciarios. La primera etapa se implementó en el penal de mujeres, seguida progresivamente por el establecimiento para varones.

Los censistas debidamente acreditados por el INEI están realizando entrevistas presenciales con los internos. Este método garantiza la recolección precisa de datos demográficos y sociales de la población penal en cada centro de reclusión.

El operativo se extenderá a 69 penales a nivel nacional, incluyendo el establecimiento penitenciario de Pacasmayo. Allí, los censistas seguirán protocolos de seguridad estrictos para garantizar la integridad tanto de los trabajadores como de los reclusos durante el proceso censal.

La cédula censal contiene preguntas clave sobre edad, sexo, nacionalidad, nivel educativo, migración, salud, empleo, lengua materna, pertenencia étnica, discapacidad y situación familiar. Esta información integral permitirá un perfil completo de la población carcelaria.

La coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha sido fundamental para el éxito de esta iniciativa. Mercedes Sánchez Castro, como coordinadora departamental, ha brindado apoyo logístico y humano para garantizar la cobertura total de los establecimientos penitenciarios en la región.

Este censo especial busca visibilizar a la población penitenciaria, un grupo que históricamente ha estado marginado de los procesos estadísticos nacionales. Al incluir a esta población, se obtendrá una visión más completa de la realidad demográfica del país.

La información recopilada servirá como base para diseñar políticas públicas más efectivas dirigidas a la población carcelaria. Estos datos permitirán crear programas de resocialización y reinserción laboral acordes con las necesidades reales de los internos.

El operativo contribuye directamente a la mejora de la seguridad ciudadana, ya que los datos precisos sobre la población penal facilitarán el diseño de estrategias más efectivas para la prevención del delito y la reincidencia.

La participación de la población privada de libertad en el censo es voluntaria, pero fundamental para garantizar la calidad de la información. Los censistas han recibido capacitación especial para manejarlas con sensibilidad las entrevistas en este contexto particular.

Una vez completado el operativo, el INEI analizará los datos obtenidos para generar informes detallados sobre la población penitenciaria. Estos resultados serán públicos y estarán disponibles para autoridades, investigadores y la sociedad en general.

El censo penitenciario es un paso importante hacia la inclusión social de un grupo vulnerable. Al contar con datos oficiales y actualizados, se podrá trabajar en la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos, independientemente de su situación legal.

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