César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, enfrenta una seria controversia política. Como máxima autoridad de la región, combina sus funciones con aspiraciones partidarias generando debate sobre la separación entre lo público y lo electoral. Su figura centraliza atención en la tensión entre poder regional y ambiciones políticas.

El principio de neutralidad electoral busca proteger la democracia. Prohíbe a autoridades públicas usar su posición para beneficiar partidos políticos. Este blindaje jurídico es esencial para procesos electorales justos. La violación de esta norma constituye una amenaza al sistema democrático, pues mezcla intereses públicos con intereses partidarios, distorsionando el juego político.

En julio de 2025, Acuña protagonizó incidentes que desataron la controversia. Los días 25 y 26, participó en actividades proselitistas en Tumbes. El 12 de julio, encabezó actos en los distritos La Unión y Catacaos, en Piura. Estas acciones violaron abiertamente la normativa que regula la conducta de funcionarios durante procesos electorales.

El Jurado Electoral Especial de Chepén-Chiclayo investigó estos hechos. Entre el 13 y 17 de septiembre de 2025, analizó la conducta del gobernador. Los miembros del jurado concluyeron que Acuña violó reiteradamente el principio de neutralidad. Su comportamiento demostró un patrón reincidente de usar su cargo para fines partidarios.

El 17 de septiembre, el JEE emitió la Resolución N.° 01074-2025-JEE-CHYO/JNE. En este documento, se considera éticamente inaceptable que una autoridad pública dirija el destino de su partido político. El uso del cargo para beneficiar intereses partidarios constituye una vulneración grave de la ley electoral que requiere atención inmediata.

Como consecuencia, el JEE remitió copias de los actuados a tres instituciones clave. El Ministerio Público investiga posibles delitos vinculados al quebrantamiento de neutralidad electoral. La Contraloría General evalúa si hubo uso indebido de recursos. El Consejo Regional deberá pronunciarse sobre la institucionalidad y legitimidad de las acciones del gobernador.

En un reciente evento en Huancayo, la indignación ciudadana se manifestó de forma contundente. Manifestantes increparon a Acuña por el respaldo de APP a la presidenta Dina Boluarte. Uno de ellos le lanzó un huevo que impactó en su pecho. Este incidente simboliza el rechazo popular a su doble rol como autoridad pública y líder político partidario.

El caso de Acuña Peralta desafía los cimientos de la democracia peruana. Revela tensiones entre funciones públicas y ambiciones electorales personales. La determinación del Ministerio Público será crucial para definir si sus actos configuran delitos penales. Este escenario obliga a reflexionar sobre la necesaria separación entre lo público y lo electoral en el sistema político peruano.

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