Se ha levantado una controversia por un permiso de uso de agua otorgado en tiempo récord. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió la Resolución Administrativa 573-2025-ANA-AAA.JZ.ALA.J, generando denuncias de corrupción e irregularidades en la gestión hídrica regional.

La solicitud, que fue presentada recién el 21 de julio de 2025, fue aprobada en forma acelerada, incluyendo cambios drásticos en la Autoridad Local del Agua Jequetepeque. Se destituyó al jefe y al secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos, derivándose el expediente a un profesional ajeno a la evaluación de permisos. Esta decisión ha generado desconfianza entre los usuarios del agua.

El permiso fue emitido sin verificación de campo obligatoria, omitiendo detalles cruciales como el volumen de agua autorizado y el área bajo riego. Esta irregularidad ha provocado alertas en la comunidad agraria del valle de Jequetepeque, donde el recurso hídrico es vital para la producción agrícola.

La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú ha dirigido un pronunciamiento a la Presidenta Dina Boluarte, exigiendo acciones inmediatas. Este organismo representa a la mayoría del sector agrario y ha consolidado demandas en encuentros nacionales realizados en varias ciudades del país.

El colectivo Integración Nacional Agraria (INA) ha alertado sobre una presunta organización criminal dentro del MIDAGRI. Las acusaciones se dirigen específicamente contra Ángel Manero y Genaro Musayón, quienes serían sostenidos políticamente por el fujimorismo, según denuncias de los usuarios del agua.

En el valle de Jequetepeque la gestión hídrica es crucial para el desarrollo agrícola. La tensión entre intereses privados y la gestión pública de recursos hídricos pone en riesgo la producción agrícola regional, afectando directamente la economía local.

La ejecución presupuestal del sector apenas alcanza el 35,6%, mientras que proyectos prometidos como la «Línea Amarilla» y «Núcleos Ejecutores» permanecen incumplidos. Los agricultores exigen la destitución inmediata de los funcionarios responsables, considerando su gestión como un «fracaso rotundo».

El futuro del agro peruano y su seguridad hídrica están en riesgo según las organizaciones agrarias. Se requiere una intervención urgente del Ministerio Público y la Contraloría para investigar las supuestas pruebas de corrupción. Las decisiones del Poder Ejecutivo serán determinantes para preservar las bases del sector productivo nacional.

Créditos de contenido e imágenes:
www.infobae.com