La Libertad vive una crisis de inseguridad sin tregua. Tras el atentado del 14 de agosto en Las Quintanas, en el que explotaron 30 cartuchos de dinamita en una vivienda de Trujillo, creció la presión sobre la Policía. La consejera Verónica Escobal exige resultados al general Guillermo Llerena o su relevo inmediato.

Antes, el Gobierno Regional de La Libertad entregó camionetas, motocicletas, drones y equipos de vigilancia a la Policía Nacional. Sin embargo, según Escobal, de Alianza para el Progreso, el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de estrategias claras y resultados concretos que den seguridad a todos.

En 2025 se registran 203 homicidios en La Libertad y tres atentados con dinamita: uno contra la sede de la Fiscalía y dos en viviendas. La región figura entre las más violentas del país; extorsiones, asaltos y asesinatos golpean a diario a familias que viven con miedo creciente, en un contexto crítico.

En lo que va del año, los homicidios se distribuyen así: Trujillo 75, Pataz 40, Virú 38, Pacasmayo 13, Chepén 10, Ascope 8, Gran Chimú 7, Otuzco 5, Santiago de Chuco 4, Sánchez Carrión 2 y Julcán 1. Cada cifra revela urgencias territoriales. La respuesta debe ser focalizada y coordinada.

Para el valle de Jequetepeque, el golpe es directo: Pacasmayo suma 13 homicidios y Chepén 10. Comerciantes, pescadores y familias temen extorsiones y asaltos. En San Pedro de Lloc, Guadalupe, San José y Jequetepeque, la prioridad ciudadana es clara: recuperar la tranquilidad sin excusas administrativas ni dilaciones policiales en todas las calles.

Ante la escalada, el Consejo Regional acordó citar al general Llerena a su próxima sesión para sustentar su plan operativo y explicar medidas inmediatas. La presión proviene también de los municipios y la ciudadanía. La citación busca transparencia y control político sobre la estrategia de seguridad, con plazos y metas verificables públicamente.

Escobal, de APP, advierte que la emergencia no puede ser una excusa para la inacción. Reitera que el problema no es presupuestal, sino estratégico. Exige resultados medibles en el corto plazo y, de no haberlos, el cambio del jefe policial. La ciudadanía respalda el pedido con marchas, denuncias y vigilancia constante.

La inseguridad mantiene bajo asedio a Trujillo y a las provincias, dejando familias golpeadas por asesinatos, extorsiones y atentados. Se intensifica la rendición de cuentas y podrían producirse cambios en la jefatura si no hay resultados. En el valle de Jequetepeque urge coordinación inmediata entre la Policía, el Gobierno Regional y los municipios para proteger vidas.

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