La violencia y los homicidios en provincias menos conocidas de Perú son un tema preocupante. Recientes revelaciones del Observatorio del Crimen y la Violencia identificaron focos críticos de violencia en lugares como San Antonio de Putina, Pataz y Callao, donde las tasas de asesinatos son alarmantes. Estos datos resaltan una realidad a menudo ignorada por los medios, que favorecen el enfoque en Lima.

Además, zonas con minería ilegal como Zarumilla y Chepén presentan cifras de criminalidad elevadas. La falta de presencia estatal en estas áreas facilita el control territorial por parte de bandas criminales. La situación se agrava con el estado de emergencia y las medidas gubernamentales que no logran disminuir la delincuencia.

El enfoque mediático se centra principalmente en las grandes ciudades, dejando de lado las provincias que también sufren la violencia. Las tasas de homicidio se calculan por cada 100 mil habitantes, y esto subraya el impacto negativo de la criminalidad en la calidad de vida. Las comunidades pequeñas también merecen atención y recursos para abordar sus problemas de seguridad.

La criminalidad no solo afecta a comunidades rurales, sino que también tiene un efecto en áreas cercanas al poder político y económico. La falta de intervención estatal en ciertas áreas permite que las bandas criminales operen sin oposición. Las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para abordar las raíces del problema.

Para mejorar la situación, es fundamental redoblar esfuerzos y abordar la seguridad de manera integral. La violencia en provincias pequeñas pone en riesgo el desarrollo económico y social, lo que afecta la calidad de vida de sus habitantes. Se requiere una respuesta estatal efectiva que se adapte a las características locales y que priorice la protección de la ciudadanía.

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