El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, renunció tras ser vinculado a una presunta red de corrupción con la empresa Refrigeradora, que opera en el valle del Jequetepeque y provincias vecinas. El reportaje del programa Punto Final expondría pagos y visitas. Morillo presentó una renuncia irrevocable y rechazó las acusaciones, al decir que protegía su honor y su familia. Morillo habría recibido 60.000 soles entre marzo y agosto para permitir el funcionamiento de la planta de Chepén pese a graves deficiencias sanitarias, según el reportaje. Este reveló documentos fiscales y registros de visitas al Gobierno Regional, señalando a Milton Lanzador como presunto intermediario de pagos. Lanzador habría realizado más de veinte ingresos a oficinas regionales durante las transferencias. La Fiscalía Anticorrupción de Trujillo abrió una carpeta por colusión agravada y cohecho pasivo propio, analizando transacciones y comunicaciones. El Consejo Regional pidió una comisión interna para investigar, mientras la Contraloría anunció un control concurrente. El Ministerio Público evalúa contratos similares en Lambayeque y Piura, ante posibles irregularidades en licitaciones por varios millones. El empresario Nilo Burga Malca, propietario de Refrigeradora, habría pagado 77.000 soles a Óscar Acuña Peralta, quien niega haber realizado una transacción irregular. Acuña Peralta es hermano del gobernador César Acuña y jefe político de APP en La Libertad. La empresa permanece bajo intervención judicial y sus operaciones permanecen suspendidas, en consecuencia del caso “Frigoinca”. La transparencia es urgente para devolver la confianza pública a las instituciones sanitarias del norte. En La Libertad, gobernada durante ese tiempo por César Acuña, fundador y líder de Alianza para el Progreso, crece la tensión política. El programa dominical mostró documentos y vínculos con empresarios del valle del Jequetepeque. La industria alimenticia de la región es clave para el empleo y el abastecimiento, por lo que su control sanitario resulta vital. La trama sugiere presión empresarial sobre funcionarios, capacidad que parece haber pesado en las decisiones. Entre sindicalistas, trabajadores y sociedad civil crece el pedido de auditar contratos y designar un gerente sin afiliación política. Se exigen investigaciones ampliadas a otras regiones y analizar la red de proveedores. La fragilidad institucional frente a presiones empresariales y partidarias socava la credibilidad y la salud pública. El daño reputacional afecta más al norte, donde la población depende de compras y servicios regionales. Los partidos locales enfrentan un nuevo foco de tensión política por las implicaciones en su entorno y convocan a reforzar la transparencia. La Contraloría y la Fiscalía buscan respuestas y rutas de control más efectivas. El programa Punto Final, con documentos, mantuvo el caso en agenda pública, facilitando la presión social. Las alertas sanitarias en provincias liberteñas fueron registradas antes de la renuncia, indica el reportaje. Morillo militaba en APP desde septiembre de 2024 y estaba cercano al círculo de César Acuña, afirma el programa. Las conservas distribuidas presentaban riesgo y hubo informes favorables que facilitaron su circulación. Existen registros de visitas al Gobierno Regional y documentación fiscal que sustentan la hipótesis de pagos. El público del valle del Jequetepeque esperaba claridad sobre la integridad en compras y la protección de la salud. El caso reabre preguntas sobre mecanismos de control en adquisiciones estatales y vínculos entre proveedores y autoridades. Se pide rendición de cuentas, auditorías internas y acciones de control concurrente por parte de la Contraloría. Aunque Morillo insiste en su inocencia, su salida se interpreta como señal de debilidad frente a las presiones. Se exige designar un titular sin intereses políticos que recupere la confianza y el orden en el sistema sanitario. La sociedad civil del norte reclama fortalecer la transparencia y evitar que casos como “Frigoinca” se repitan en otras regiones. El legado del valle del Jequetepeque depende de instituciones que protejan, vigilen y actúen con evidencia. La credibilidad de las autoridades regionales se debilita cuando se entrelazan el poder político y los negocios. Reconstruir la confianza requiere cambiar prácticas, fortalecer los controles y garantizar la independencia institucional frente a las presiones. La reflexión final es clara: en salud no cabe la opacidad; se necesita claridad y responsabilidad ante la ciudadanía.

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