El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esta acción legal se dirige también a otros individuos implicados en el caso. La acusación principal se centra en presuntos delitos de colusión.

Además de la colusión, se investiga la figura de negociación incompatible. Estos cargos están relacionados con un endeudamiento masivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La deuda en cuestión supera los cuatro mil millones de soles.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción declaró fundado el recurso. Este fue presentado por la Procuraduría Pública Especializada. Como resultado, se ordenó formalmente el inicio de las diligencias preliminares.

La Fiscal Anticorrupción, Janny Sánchez-Porturas Ganoza, emitió la disposición pertinente el seis de mayo. Se estableció un plazo de sesenta días naturales para realizar dichas diligencias. Este periodo es crucial para esclarecer los hechos involucrados en la causa.

El objetivo principal es recibir la declaración indagatoria del exalcalde. Por ello, Rafael López Aliaga ha sido citado formalmente. La comparecencia está programada para el jueves cuatro de junio.

La cita se realizará a las nueve y treinta de la mañana. El lugar designado es el despacho de la fiscal en el centro de Lima. Este paso es fundamental para avanzar en el proceso legal.

La investigación se basa en una denuncia penal específica. Esta fue presentada por Julio César Sifuentes Reyes el nueve de julio de dos mil veinticinco. La fecha de presentación marca el inicio de los cuestionamientos formales.

El denunciante alega que la MML ejecutó un plan de inversiones entre dos mil veintitrés y dos mil veintiséis. Este plan fue financiado mediante un programa de Emisión de Bonos de Titulación. Se especifica que no hubo garantía del Gobierno Nacional.

El esquema propuesto involucra hasta tres emisiones financieras distintas. Estas estarían respaldadas por un patrimonio fideicomitido con flujos específicos. Los recursos provienen del Impuesto de Alcabala y del Impuesto Vehicular.

El denunciante cuestiona si se trata realmente de un plan de endeudamiento. Sugiere que no corresponde a una emisión de bonos adecuada. Como pruebas, señala los acuerdos municipales número quinientos setenta y uno.

También menciona el acuerdo municipal ciento cincuenta y uno como evidencia. Estos documentos apoyarían la autorización de deuda por cuatro mil millones. La relevancia penal depende de vincularlo con condiciones de contratación.

Es crucial vincular los cuestionamientos con la selección de agentes privados. Esto ocurre en la operación financiera o en sus condiciones contractuales. Sin este nexo, la naturaleza penal de la denuncia podría cambiar.

Los acusados incluyen al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. También se incluyen a quienes resulten responsables del hecho. La autoridad fiscal superior que dirigió la medida fue la Fiscal Superior Escarleth Laura Escalante.

Ella pertenece a la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Lima. La investigación se centra en un agravio del Estado. Específicamente, afecta a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Se abre un proceso legal formal con consecuencias potenciales. Rafael López Aliaga y otros podrían enfrentar penas si se comprueba la vinculación. Esta conexión debe establecerse con las condiciones contractuales de la operación.

La investigación tiene un plazo limitado de sesenta días naturales. Durante este tiempo, se realizarán las diligencias preliminares necesarias. El objetivo es esclarecer los hechos antes de pasos procesales siguientes.

El caso destaca la scrutinización legal de instrumentos financieros. La Municipalidad Metropolitana de Lima utilizó estos para su planificación. Este escrutinio es vital para la transparencia en la gestión pública.

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