El estadio municipal Juan Noriega Salazar en Chepén fue víctima de un atentado con dinamita. Los delincuentes buscan extorsionar a los trabajadores del proyecto de mejoramiento. Este incidente forma parte de un preocupante patrón de ataques contra obras públicas en la región Jequetepeque, generando temor entre la comunidad.

El primer ataque ocurrió el 17 de octubre, cuando desconocidos lanzaron un cartucho de dinamita en la puerta principal del estadio, ubicado en el jirón Guadalupe. Los responsables dejaron un mensaje intimidatorio exigiendo «cupo» por «seguridad», amenazando con atentar contra ingenieros y obreros si no se cumplían sus demandas.

Menos de una semana después, el estadio sufrió un segundo atentado. Esta vez, los delincuentes llegaron a las 6:50 AM y detonaron dinamita en el portón de entrada. El vigilante notificó inmediatamente a la policía, que desplegó agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Chepén para investigar los hechos.

Los agentes de Depincri-Chepén llegaron rápidamente al lugar para recabar evidencia y buscar pistas que permitan identificar a los responsables del atentado. La policía se comprometió a investigar exhaustivamente para dar con los extorsionadores y evitar que continúen con sus amenazas contra los trabajadores del proyecto.

El proyecto de mejoramiento del estadio cuenta con una inversión de S/ 24 millones y ya tiene maquinaria y materiales dentro del recinto deportivo. Los delincuentes están utilizando la violencia para exigir pagos de protección, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y la continuidad de esta importante obra para la comunidad.

Chepén, ubicada en el valle de Jequetepeque, departamento de La Libertad, enfrenta problemas de seguridad que afectan su desarrollo. Los ataques ocurrieron en horas de la mañana cuando había poca gente, lo que indica que los criminales planificaron sus acciones para minimizar riesgos mientras maximizaban el impacto de sus amenazas.

Este tipo de acciones criminales ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y amenazan la continuidad del proyecto. Además, reflejan problemas de seguridad en la provincia que pueden tener un impacto negativo en la economía y desarrollo de toda la región Jequetepeque, afectando la calidad de vida de sus habitantes.

La intervención policial es necesaria para garantizar la seguridad y continuidad de la obra. Las autoridades deben tomar medidas firmes para combatir este esquema de extorsión que está afectando obras públicas en la región. La comunidad espera que se brinde protección adecuada a los trabajadores para que el proyecto pueda completarse sin más incidentes.

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