María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), fue elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, generando críticas inmediatas por su investigación penal vigente por presunta colusión en su gestión como alcaldesa de Chepén. Esta decisión ha evidenciado los criterios utilizados para designar congresistas en comisiones clave del Congreso.

El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que revisará los procedimientos para conformar comisiones y solicitará informe jurídico para evaluar posibles vulneraciones de normas. No descarta la intervención de la Comisión de Ética en este caso, que afecta la credibilidad del Legislativo y genera escepticismo público.

María Acuña enfrenta investigación activa por presunta colusión durante su mandato como alcaldesa de Chepén, provincia en el valle de Jequetepeque que incluye a Pacasmayo. Este antecedente jurídico cuestiona su capacidad para liderar una comisión que evalúa juicios políticos contra altos funcionarios del Estado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisa denuncias contra presidentes, ministros, congresistas, fiscales supremos y magistrados del Tribunal Constitucional. La designación de una autoridad con investigaciones penales vigentes genera dudas sobre la imparcialidad de futuras decisiones en tan sensible área del trabajo legislativo.

José Jerí recordó que las bancadas proponen miembros para comisiones, pero estas deben considerar la situación legal y ética de los congresistas. Reconoció que en este caso podrían haberse vulnerado principios básicos del funcionamiento democrático del Congreso, afectando su imagen institucional ante la ciudadanía.

El caso no es aislado, pues la congresista Digna Calle, investigada por lavado de activos, continúa en funciones legislativas. Esto evidencia debilidad en control ético interno donde acuerdos políticos priman sobre méritos o antecedentes de los legisladores, creando un sistema que parece tolerar irregularidades.

La elección de autoridades con investigaciones vigentes alimenta percepción de impunidad en política nacional, afectando especialmente a provincias del valle de Jequetepeque. Merecemos representantes con alto nivel de ética y compromiso con valores democráticos que deben guiar la acción pública y generar confianza ciudadana.

Se cuestiona si el Congreso corregirá estos errores o seguirá priorizando acuerdos políticos sobre la ética parlamentaria. La revisión de criterios es promesa pendiente desde varias legislaturas, y el caso actual demuestra urgencia de fortalecer mecanismos de control interno para recuperar credibilidad y legitimidad del Legislativo.

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