El Consejo Regional de La Libertad juega un rol crucial en la legislación y fiscalización de políticas que afectan a la población. En 2023, se presentó un número considerable de proyectos de ordenanza por parte de sus consejeros, lo cual representa un avance importante en la productividad del Consejo. Sin embargo, la dinámica legislativa ha sido objeto de crítica debido a la baja productividad de algunos consejeros que, hasta 2025, continúan presentando proyectos con escasa relevancia o efectividad.

Entre los consejeros que destacan por su cantidad de ordenanzas se encuentra Samuel Leiva de Ascope, quien presentó 32, incluyendo 4 en 2023. Edy Camacho, de Virú, se ha enfocado en refugios para personas vulnerables, con 13 ordenanzas. Por otro lado, Robert De la Cruz de Trujillo solo logró aprobar 1 ordenanza relacionada con los derechos de personas con discapacidad, lo que plantea preguntas sobre su efectividad.

Loreana Carranza, consejera de Sánchez Carrión, también ha sido criticada por su inacción tras la vacancia de Ávalos. Sus 2 proyectos no han tenido un impacto significativo. La situación es preocupante, especialmente en un contexto de corrupción que afecta la confianza en la gestión del Consejo, como se observa en el caso de Abner Ávalos, sentenciado por cohecho.

Además, Lucía Simón, de Gran Chimú, no ha presentado ninguna ordenanza, lo que genera desilusión entre los ciudadanos. Las propuestas en discusión abarcan temas relevantes como salud, educación inclusiva y bienestar social, pero su implementación depende de una mayor actividad legislativa.

Las investigaciones en curso sobre miembros del Consejo, incluida la prórroga de 90 días a Carranza por abuso de autoridad, son un recordatorio de la necesidad urgente de transparencia y responsabilidad. La baja actividad legislativa de algunos consejeros pone en riesgo la efectividad de las políticas públicas esenciales para el desarrollo de la región.

En conclusión, el Consejo Regional de La Libertad enfrenta serios desafíos en términos de productividad y confianza pública. La disminución en la presentación de ordenanzas y los problemas de corrupción destacan la urgente necesidad de reformar la gestión del Consejo para el bienestar de la población.

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