Un video viral mostró en Chepén a un grupo de jóvenes jalándole el cabello y burlándose de “Papita”, una mujer con discapacidad. Ella terminó llorando ante la agresión, mientras quienes grababan reían. El hecho, ocurrido en el valle del Jequetepeque, en La Libertad, generó rechazo inmediato y abrió un urgente debate comunitario.

La víctima padece una discapacidad y problemas de salud mental, por lo que requiere protección reforzada. Los actos cometidos contra ella constituyen violencia y discriminación. Vecinos de Chepén y del valle, incluida la provincia de Pacasmayo, expresaron indignación, subrayando que “Papita” merece dignidad, respeto y acompañamiento, no burlas ni agresiones jamás.

Ante ello, el abogado José Luis Serrano Zelada presentó una denuncia formal apenas conoció los hechos. Su acción busca activar la vía penal y proteger a la víctima. A la par, se hizo un llamado ciudadano para identificar a los agresores y evitar la impunidad, así como a aportar pruebas y testimonios responsables.

Se solicita la intervención inmediata de la Fiscalía, de la PNP, del Centro de Emergencia Mujer y del Centro de Salud Mental Comunitario. Estas instituciones existen en Perú para atender y proteger a las víctimas de violencia. Una respuesta coordinada y efectiva permitiría asistir a “Papita”, investigar y sancionar con celeridad y transparencia.

Las normas peruanas protegen los derechos de las personas con discapacidad y sancionan la discriminación. Por ello, el caso debe tramitarse con enfoque de derechos y atención centrada en la víctima. Urgen medidas de protección, acompañamiento psicológico y soporte social, evitando la revictimización y garantizando el acceso a la justicia sin barreras.

La movilización ciudadana en Chepén y en todo el valle del Jequetepeque crece con mensajes de solidaridad y pedidos de justicia. Se invita a identificar a los responsables y evitar la impunidad. También se exige un uso responsable de las redes: denunciar con pruebas, no difundir imágenes humillantes que dañen la dignidad de las víctimas.

De cara al futuro, este caso puede impulsar respuestas más rápidas y coordinadas de las autoridades ante agresiones a personas vulnerables. Identificar y sancionar a los responsables enviará un mensaje disuasivo y reafirmará el compromiso social con la dignidad y el respeto, en Chepén, Pacasmayo y cualquier comunidad del mundo.

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