La formalización de la minería ilegal en nuestro país se ha convertido en un problema de prioridad y una necesidad urgente. La expansión descontrolada de esta actividad ha llevado a un aumento significativo de la delincuencia, el crimen organizado, la deforestación y la destrucción de recursos naturales.

El oro, en particular, ha sido un factor clave en el subdesarrollo y la corrupción. La demanda de oro a nivel mundial ha experimentado un aumento histórico, lo que se ve exacerbado por el contexto económico internacional de volatilidad geopolítica e inflación. La minería informal y legal se enfrentan, lo que puede derivar en un conflicto social.

El oro es un activo altamente codiciado y un refugio seguro para la economía global, ofreciendo protección y rentabilidad frente a riesgos globales como conflictos armados, crisis financieras y cambios climáticos. Sin embargo, los intereses políticos y económicos mezquinos y mercantilistas en la minería también juegan un papel importante.

Estamos en vísperas de elecciones presidenciales que marcarán el curso de los acontecimientos. Nuevos segmentos sociales y actores categorizados se han unido a la minería ilegal, lo que complica aún más la situación. El estado ha demostrado ser insensato e irresponsable en la implementación de soluciones serias, y REINO, el marco legal en el manejo de la minería ilegal, ha sido un péndulo con errores y omisiones.

Si no se resuelve el problema de la minería ilegal, existe un riesgo para la estabilidad social y política. Es crucial abordar este problema con prudencia, inteligencia, eficiencia y pertinencia. La minería ilegal y su manejo inadecuado tienen un impacto negativo en el desarrollo social y económico del país, y pueden ser un motivo de conflictos y desasosiegos sociales.

Créditos de contenido e imágenes:
www.expreso.com.pe