La crisis de seguridad en Trujillo ha afectado gravemente al sector transporte, obligando a los transportistas a preparar un paro regional como medida de protesta. Esta situación extiende sus problemas a provincias vecinas como Pacasmayo y Chepén, generando incertidumbre y temor entre los usuarios y trabajadores del sector.

Según datos del gremio, 60 personas vinculadas al transporte han perdido la vida en La Libertad este año, mientras a nivel nacional se registran 180 víctimas. Los transportistas liberteños, liderados por José Villanueva Ortiz de ASTRELL, anunciaron el paro para fines de octubre o inicios de noviembre en respuesta a la violencia.

Todas las dos mil unidades de transporte que operan en Trujillo pagan extorsión bajo un sistema por zona. Un micro que transita por tres distritos debe cancelar cinco soles por cada uno, sumando quince soles en total. Este mecanismo multiplica los montos exigidos y afecta directamente la rentabilidad de las empresas.

Los distritos más afectados son La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, pero el problema se ha extendido a Alto Trujillo, Virú, Ascope, Pacasmayo y Chepén. La provincia de Pacasmayo, ubicada en el valle de Jequetepeque, no escapa a esta realidad que amenaza con paralizar el transporte interprovincial.

El transporte público es uno de los principales motores económicos de La Libertad. Con la creciente inseguridad, el crimen organizado ha tomado control de las rutas urbanas e interprovinciales, afectando no solo a los trabajadores sino también a la economía regional y la calidad de vida de los ciudadanos.

Bandas criminales como Los Pulpos, La Jauría y Los Malditos del Valle operan impunes en las rutas de transporte, extorsionando a choferes y cobradores. Más de 230 atentados vinculados a la extorsión se han registrado este año, evidenciando la gravedad de una crisis que las autoridades no han podido controlar.

Los transportistas, empresarios, choferes y cobradores viven bajo amenaza constante, operando al borde del colapso. Esta situación refleja una crisis institucional en materia de seguridad que impacta directamente en la economía regional y la movilidad de miles de personas que dependen del transporte público.

El paro busca exigir acción real y sostenida del Gobierno y Policía Nacional. Mientras tanto, se discute una propuesta de reforma legal para actuar contra extorsionadores desde el primer contacto telefónico. La seguridad en Pacasmayo y todo el valle de Jequetepeque depende de soluciones urgentes y efectivas.

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