La Liga Agraria de Pacasmayo ha iniciado acciones legales contra una resolución que otorga derechos adicionales de agua a Agrícola Cerro Prieto S.A. (ACP) en el río Jequetepeque. Este conflicto afecta directamente a miles de agricultores de la región y podría establecer un importante precedente para la distribución del agua en épocas de superávit hídrico.

En el año 2000, ACP firmó un Contrato-Ley con el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza) para la compra de 6 192 hectáreas tierras eriazas en Chiclayo y Chepén, incluyendo derechos de agua que hoy están en el centro de un intenso debate sobre equidad y acceso a este recurso vital para la agricultura local.

En 2023, se reconoció formalmente a ACP un derecho anual de uso de agua superficial de 57,6 millones de metros cúbicos para 5 764 194 hectáreas. Sin embargo, el 25 de julio de 2025, mediante Resolución Administrativa N° 0573-2025-ANA-AAA.JZ, se le concedieron 15,67 millones de metros cúbicos adicionales durante épocas de superávit hídrico, generando gran controversia.

La Liga Agraria presentó oposición legal contra esta resolución argumentando que vulnera principios fundamentales de prioridad, equidad, sostenibilidad y gestión participativa. Los agricultores consideran que esta decisión podría afectar gravemente el acceso al agua de miles de pequeños productores de la provincia.

El gremio cuestiona específicamente el Informe Técnico N° 0058-2025-ANA-AAA.JZ-ST.CRHC/HMPP que fundamenta la resolución, destacando posibles irregularidades en el proceso que podrían haber beneficiado a la empresa agroindustrial a expensas de los pequeños agricultores del valle.

Según denuncias de la Liga, el nuevo secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos habría emitido un informe favorable a ACP siguiendo «órdenes superiores irregulares», utilizando información de 2021 y 2023 sin verificación actualizada del superávit hídrico, lo que cuestiona la validez técnica de la decisión.

Existe una preocupante desigualdad en el acceso al agua entre ACP, que cuenta con sistemas de riego tecnificados, y miles de agricultores que dependen de sistemas tradicionales con menor acceso. Esta disparidad podría agravarse con la nueva resolución, afectando directamente la producción y sustento de numerosas familias campesinas.

La resolución también viola la Ley N.° 29338 de Recursos Hídricos al no consultar previamente a la Junta de Usuarios Jequetepeque, organismo que representa a los usuarios del valle. Además, no se conoce con exactitud el área bajo riego de ACP ni se ha formalizado el derecho de usuarios del «valle viejo», generando incertidumbre sobre el impacto real de la medida.

El conflicto ocurre en el valle de Jequetepeque, que incluye las provincias de Pacasmayo y Chepén, donde el agua es un recurso estratégico para la agricultura. La región enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus recursos hídricos, con tensiones crecientes entre grandes empresas agroindustriales y pequeños agricultores que dependen de este recurso para su subsistencia.

El resultado de este conflicto podría afectar a miles de pequeños y medianos agricultores de Chepén y San Pedro, establecer un precedente para futuras distribuciones de agua durante épocas de superávit, y revelar posibles irregularidades en los procesos de toma de decisiones. La transparencia y participación de los usuarios en la gestión del agua sigue siendo el punto central del debate que definirá el futuro agrícola de la región.

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