Cuatro alcaldes y cinco concejales de varios municipios de la región Libertad se encuentran en prisión por, presuntamente, haber incurrido en alguna causa para ser suspendidos o revocados.
El caso más sonado es el del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, suspendido por tener una condena por difamación agravada.
La autoridad también enfrenta un pedido de vacancia que deberá debatir en el Consejo a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Pero Fernández no es el único sancionado. Los concejales del municipio de Guadalupe (Pacasmayo) suspendieron por 60 días al alcalde Juan Castañeda Llanos el 31 de agosto.
Quien solicitó la destitución temporal de Castañeda fue el ciudadano Leonardo Malin Aguilar. Lo acusó de no transferir en los plazos establecidos las asignaciones económicas que corresponden a los centros poblados de Guadalupe. Estas anomalías fueron incluso señaladas en un informe de la Contraloría.
Al respecto, el intendente dijo que apelará ante el JNE. Además, culpó a sus funcionarios por no transferir los recursos. “Aquí el alcalde no es quien paga”, afirmó.
En curso. El Jurado también presentó un pedido de suspensión contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Santos Ruiz Guerra.
También se le acusa de “no transferir recursos a los municipios de los centros poblados”.
El primer regidor del municipio de Sánchez Carrión, Iván Ruiz, explicó que el secretario general notificó la sesión del próximo 2 de octubre donde se debatirá la posible sanción de 120 días al alcalde. En la provincia de Ascope, en tanto, se solicita la inhabilitación por tres meses de la alcaldesa de esa jurisdicción, Rosario Cortijo Izquierdo. El ciudadano Anthony Moscoso la acusa de haber acreditado a Félix Pretell Ruiz como funcionario municipal, en reuniones oficiales, quien estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por tener condena. Esto, asegura, sería una infracción “grave” según el Reglamento Interior del Consejo.
Vacante
En el Jurado también se solicitaron seis solicitudes de vacancia contra concejales. Se solicitó la destitución de los concejales del municipio de Guadalupe: Virginia Zamora Vera, Ricardo Vargas Durand, John Lescano Prado, César Díaz Villarreal y Mercedes Loredo Vásquez. Se les acusa de presionar al secretario general del municipio para que convocara una sesión extraordinaria del consejo. En la reunión se discutieron los montos que recibirían los concejales en concepto de dietas.
También en la mira está Darlyn Carbajal Acosta, concejal del municipio de Ascope, a quien se le acusa de acompañar a la alcaldesa Rosario Cortijo en reuniones en ministerios, pero en los registros aparece como funcionario y no como concejal. La denunciante dice que con ello habría realizado “un acto administrativo (como funcionaria) y un acto ejecutivo (como concejala)” al mismo tiempo, lo que estaría prohibido.
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