La Contraloría General ha identificado anomalías en la gestión del servicio de alimentación en dos cárceles de Trujillo y una en Pacasmayo. Estas irregularidades han llevado a una pérdida de más de un cuarto de millón de soles para la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las auditorías realizadas examinaron el proceso de selección y contratación del servicio alimenticio desde el 27 de diciembre de 2021 hasta el mismo día de 2022.

En los detalles, la empresa contratada, por un monto de S/ 11.8 millones, duplicó personal clave para los dos establecimientos de Trujillo, incluyendo nutricionistas y representantes, cuya presencia diaria era esencial. Además, se encontró que el contratista introdujo personal adicional sin las credenciales adecuadas en ciertas fechas. Para empeorar, el mismo vehículo propuesto para la distribución de alimentos en los tres penales de La Libertad también fue ofrecido para otras penitenciarías en Chiclayo y Tumbes.

Durante el servicio, el personal esencial en Trujillo y Pacasmayo no cumplió consistentemente con los horarios de trabajo en las cocinas, y se reportaron ausencias. A pesar de estas faltas, el personal del INPE dio conformidad al servicio, generando una pérdida de S/ 275,737 en honorarios indebidos y falta de penalizaciones. Debido a estas irregularidades, 17 empleados del INPE que trabajaron en la supervisión de alimentos entre las fechas mencionadas podrían enfrentar responsabilidades civiles y/o administrativas.

Como resultado, el Informe de Auditoría N° 047-2023-2-5342-AC ha sido enviado al director regional del INPE para las acciones correspondientes y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para iniciar acciones legales contra los involucrados.

… leer más en soltvperu.com