La región de La Libertad en Perú se encuentra sumida en una profunda crisis de seguridad, con un alarmante incremento en los índices de criminalidad que ha dejado a sus habitantes en un estado constante de temor y vulnerabilidad. Durante el mes de enero, se registraron 33 asesinatos, un secuestro y más de 70 casos de extorsión, siendo Trujillo, Pacasmayo y Virú las provincias más afectadas por esta ola de violencia. Los comerciantes de la región se ven forzados a pagar “cupos” a las bandas criminales para poder operar sus negocios, mientras que estas organizaciones delictivas, muchas operando desde penales, continúan extendiendo su influencia y control sobre la zona.
El caso del empresario Santos Sánchez Vera, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado tras un secuestro donde se pedían 10 millones de dólares, y el ataque a una estudiante de enfermería en Trujillo, son solo algunos ejemplos de la grave situación que enfrenta La Libertad. Los delincuentes no solo recurren a la violencia extrema, sino que también emplean tácticas de intimidación, como la detonación de explosivos, para exigir grandes sumas de dinero a sus víctimas. La población local, desesperada por soluciones, clama por acciones efectivas de sus autoridades para restaurar la seguridad y el orden.
La escalada de violencia en La Libertad no es un fenómeno reciente. En 2023, la región experimentó uno de sus años más sangrientos, con un total de 325 crímenes, marcando un aumento significativo en comparación con años anteriores. Según el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, este incremento en los homicidios se debe en gran medida a los ajustes de cuentas entre bandas rivales y a las órdenes emitidas por líderes criminales desde prisión. La situación ha llevado a las autoridades locales a considerar medidas drásticas, como el cierre de locales nocturnos y la restricción de la circulación de motocicletas en áreas clave, en un intento por frenar la violencia.
La gravedad de la situación en La Libertad refleja un problema más amplio de inseguridad ciudadana en Perú, donde la delincuencia organizada y la corrupción socavan el tejido social y económico de comunidades enteras. Los comerciantes y microempresarios, en particular, se encuentran en una posición especialmente precaria, obligados a pagar protección a las bandas criminales para evitar ser objetivos de extorsión o violencia. El secuestro, además, se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos para estas organizaciones, lo que subraya la necesidad urgente de una estrategia integral y sostenida para combatir el crimen y restaurar la paz en la región.
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