Al evaluar los resultados de la declaratoria de la emergencia que ayer viernes 24 de junio culminó en las provincias de Trujillo, Virú, Ascope, Pacasmayo y Chepén, el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén indicó que la suspensión de algunos derechos ayudó a que la policía pueda hacer sus intervenciones y capturas, pero que, sin un plan operativo específico, recursos logísticos, presupuesto y personal de inteligencia, es poco lo que se pudo avanzar.

“El estándar internacional es un policía por cada 250 habitantes. Aquí necesitaríamos unos ocho mil y tenemos casi la mitad, por eso es indispensable que se envié más policías y se analice la posibilidad que el Ejército apoye en algunas acciones, por ejemplo, en la protección a bancos u obras públicas, para no distraer al personal policial en esas labores”, agregó.

“La minería ilegal y bandas delincuenciales ahora están en las provincias del ande, donde hay trata de personas y un sub registro de crímenes. Las organizaciones delictivas no solo brindan protección, sino que están incursionando directamente en la explotación minera ilegal” manifestó la autoridad.

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