Distintos congresistas del Perú han unido fuerzas para presentar una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. El motivo principal son denuncias relacionadas con el programa Qali Warma, encargado de la alimentación escolar. Se señala la distribución de alimentos de mala calidad, lo que ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional. Carlos Zeballos, uno de los promotores de la moción, enfatizó que dicho caso constituye un «escándalo a nivel internacional» y pidió la renuncia inmediata del ministro.

El detonante de esta crisis fue una investigación revelada por el programa *Cuarto Poder*. Según esta, la empresa Frigoinca habría etiquetado fraudulentamente carne de caballo como carne de res en conservas distribuidas desde 2021. Además, se encontró evidencia de conservas en mal estado de la marca Don Simón que llegaron a instituciones educativas de regiones como La Libertad, Áncash y Cajamarca. Estos hallazgos han generado alarma pública y cuestionamientos a la supervisión gubernamental del programa.

Una exempleada de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, afirmó que la empresa recurrió a sobornos para encubrir estas irregularidades. Por su parte, el programa *Punto Final* reportó que la misma empresa distribuyó conservas de carne y cerdo de la marca Don Simón destinadas exclusivamente para consumo animal en Chepén, provincia de Pacasmayo. Esto demuestra una falta de control que pone en riesgo la salud de los niños en situación vulnerable del Jequetepeque.

Otro aspecto crítico es la percepción de inacción por parte del ministro Demartini. Según el documento presentado por los congresistas, los delitos han sido frecuentes y reflejan falta de diligencia en la supervisión de Qali Warma. Esta carencia de control y compromiso con el programa alimentario ha sido clave en el argumento para exigir su destitución.

La investigación también menciona la participación de Víctor Salazar, exfuncionario de Qali Warma, y Freddy Hinojosa Angulo, vocero de la Presidencia de la República, como posibles cómplices. Los señalamientos incluyen denuncias de favores otorgados a Frigoinca, agravando aún más la percepción de corrupción dentro del sector público. Este panorama ha renovado el llamado por parte de congresistas y ciudadanos para exigir responsabilidad política.

El caso destaca fallos estructurales en la gestión del programa Qali Warma, afectando directamente la seguridad alimentaria y el bienestar de los niños. Organismos de control y representantes políticos deben tomar medidas contundentes para restaurar la confianza y garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro. En el Jequetepeque, donde hay vulnerabilidad educativa, estas omisiones son especialmente graves.

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